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lunes, 15 de mayo de 2017

Brasil y México: Reformas constitucionales que no fueron aprobadas por la población



La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro, ha generado un conjunto de reacciones a nivel interno y externo. Resaltan, sobre todo, la de algunos gobiernos de la región que en las primeras de cambio la han rechazado por ser supuestamente violatoria de principios democráticos.

Hablamos específicamente de los gobiernos de México y Brasil. Ambos han desconocido la opinión de su propia población a la hora de reformar sustancialmente aspectos claves de las Constituciones nacionales. En esas decisiones políticas ha sido evidente como valen más los intereses de las corporaciones que la opinión de los ciudadanos que dicen representar. 
Esto debe ser visto desde la óptica de simulación de democracia (representativa) en comparación al modelo participativo y protagónico, instaurado como nuevo paradigma en Venezuela, para que sea el propio pueblo el que tome sus decisiones.
El caso de México
En México sucede que, al igual que en Venezuela, gran parte de los derechos sociales, como salud, educación yalimentación, fueron financiados con el ingreso del petróleo, considerado un recurso en propiedad del Estado, hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto llegó a un acuerdo con los tres grandes partidos del país para privatizarlo.
Así fue como entre gallos y medias noches se modificó la constitución en el Congreso junto a una serie de reformas contemplados en el acuerdo denominado "Pacto por México".
De esta forma, el mismo gobierno mexicano que critica a Venezuela por la Asamblea Nacional Constituyente es el que privatizó lo que quedaba de su soberanía, a favor de grandes trasnacionales del petróleo y fondos financieros como Blackrock, Exxon Mobil, Total, CNOOC y Chevron. 
Como es obvio nada de esto fue votado por ninguno de los mexicanos, que para fines prácticos solo son ocupantes de un país que no les pertenece y les hace vivir a más del 50% en la más aguda de las pobrezas del continente. 
El caso brasileño
Mucho más demostrativo es el caso del nuevo gobierno golpista de Brasil, que acaba de sancionar una enmienda constitucional justamente para limitar el gasto del Estado en salud, educación y programas sociales, dirigida por el congreso que derrocó a Dilma Rousseff. 
Enmienda que viene acompañada de una serie de reformas como las de recorte de pensiones, y derechos laborales (la cual prevé que los trabajadores rurales trabajen 12 horas y cobren con comida y vestimenta como hace 100 años atrás). Además de la intención de reformar de nuevo la constitución para alargar el mandato del presidente ilegitimo Michel Temer en un momento en el que el 83% de los brasileños desean elecciones inmediatas.
Todos cambios que por un lado le quitan dinero a la mayoría de los brasileños, y por el otro le otorgan importantes ventajas a trasnacionales, como la petrolera Chevron, a partir de la apertura de la rica cumbre presal, especialmente negociada con el gobierno de Temer. 
Decisiones políticas de fondo que en ningún momento han sido consultadas a los más de 200 millones de brasileños que sufren las medidas del gobierno de Temer en carne propia y contra su propia voluntad. 
Las diferencias con Venezuela
En las dos reformas constitucionales antes mencionadas se puede observar el tipo de democracia corporativa que hay en la región, donde se asume las decisiones más importantes del país por una pequeña casta selecta de políticos y empresarios después de que cada uno haya negociado su tajada de la torta.
Ni a los mexicanos, ni a los brasileños, ni a los argentinos, ni a los chilenos, paraguayos, peruanos ni hondureños, solo por citar algunos, se les consulta acerca de si están o no de acuerdo con las reformas parciales de sus Constituciones. Mucho menos si respaldan el modelo político y económico que gobierna en sus países, en ese caso se los manipula en simulacros de elecciones representantivas en la que la mayoría de los candidatos no expresan nada más que una alternancia de lo que ya existe.
Y cuando no es así se asedia a la fuerza política que pone en cuestionamiento este orden hasta que se la considera una especie de leproso político que no vale la pena apoyar, como sucede en Brasil, Argentina y Venezuela con el kirchnerismo, el ptismo y el chavismo.
El llamado del presidente Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente lo que hace es precisamente romper con esta lógica maniquea con la que se pretende imponer un cambio del modelo político y económico, contemplado en la Constitución bolivariana, a través de la simplificación de que todos los problemas del país se deben a ese mal que aqueja a Venezuela denominado chavismo.
Justamente para ir a la raiz del asunto, para que sean los propios venezolanos quienes definan si están de acuerdo, por ejemplo, en privatizar el petróleo de la Faja del Orinoco, los minerales del Arco, y hacer importantes recortes en salud, educación y programas sociales como las misiones y grandes misiones como fórmula para salir de la crisis.  
No que una corporación, como Exxon Mobil o Chevron, financie una perfecta campaña publicitaria en elecciones representantivas, como la de la "última cola" de la parlamentarias, y después sus empleados políticos en el país tomen estas decisiones, sin consultarle a nadie. 
Un ejercicio de real democracia, que por más que los académicos se animen a negarla, representa todo a lo opuesto a lo que sucede en México y Brasil, dos espejos en los que hay que mirarse para comprender la dimensión real de la Asamblea Nacional Constituyente como la posibilidad de encontrar una fórmula no sólo para administrar el conflicto político, sino para blindar el cuerpo político y legal del país en pro de defender su soberanía sobre los ingentes recursos energéticos y minerales que yacen en el territorio. Ese es el sentido profundo de la Asamblea Nacional Constituyente: defender la soberanía ante los planes globlaes que buscan vulnerarla y quebrarla definitivamente. 
Los casos Brasil y México son paradigmáticos es este sentido. En cómo herir de muerte una Carta Magna para dejar al país sin ninguna protección ante la voracidad económica de las corporaciones transnacionales. La convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro es atacada por estos y otros gobiernos, precisamente, por no perseguir el objetivo de entregar al país en bandeja de plata. 

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