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lunes, 7 de marzo de 2016

Ningún analista serio en EEUU apoya programas de “promoción de democracia” para Cuba



Por:  Rosa Miriam Elizalde
Ya sabíamos de la sutil adecuación del lenguaje a los fines políticos. El concepto de “promoción de la democracia”, que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado para Cuba, solo sustituyó otro término cargado de resonancia peyorativa,  como un conjuro mágico por el que se deseaba exorcizar la realidad. “Promoción de la democracia” suena menos peligroso que “subversión” o “intervención en los asuntos internos de otro país”, pero llámese como se llame, los fines no dejan lugar a la ambigüedad.
El gobierno de Cuba lleva décadas alertando este fenómeno, y a pesar de las múltiples evidencias que ha puesto sobre la mesa, parece haber predicado en el desierto. La paradoja es que ni Reagan, ni Bush padre, se lanzaron en este juego sucio.
Las administraciones de George W. y Obama no solo ejecutaron la política del cambio de régimen en nombre de la exportación de la democracia, sino que la sostuvieron de manera imprudente, violando los propios términos de la ley estadounidense.
De eso hablamos en Washington con dos expertos estadounidenses de incuestionable independencia de opinión frente a lo que dice o hace el gobierno de la Isla, y de asombroso nivel de información sobre la realidad cubana, optimistas frente a los acontecimientos recientes en las relaciones Cuba-EEUU, pero sin arrebatos triunfales.  Se trata de Fulton Armstrong, quien fuera el superpoderoso coordinador de Inteligencia Nacional para América Latina – el analista de más alto rango de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU-, y Geoff Thale,  director de programas en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), quienes aceptaron la invitación de Cubadebate para conversar con franqueza sobre los asuntos que están en la agenda de los dos países.
Durante casi tres horas que volaron, hablamos sobre la próxima visita del Presidente Barack Obama a La Habana, los muros que aún se levantan y limitan el avance del proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, y por supuesto, los programas para la “promoción de la democracia”.  Aunque los temas estaban pactados, no llevé guión ni preguntas previas. Tampoco grabé el debate, para que la conversación fluyera con total espontaneidad.
Por tanto, lo que leerán a continuación hilan mis apuntes en torno a un resumen de las ideas que allí se expresaron. Me limito a citar a mis invitados cuando la frase lo amerite, y a cotejar las fechas y datos que salieron en la intensa conversación.

 

Promoción de la democracia: Itinerario de la Ley


La voz de Fulton Armstrong fue quizás la primera que se levantó contra lo que él llamó “disidentes empresariales ávidos de desembolso en efectivo”. Le recuerdo la frase, que tomé prestada de uno de sus artículos en Foreign Policy, y él la vuelve a suscribir. Puede dar fe de las partidas millonarias que destinó el gobierno de Goerge W. Bush, primero, y Barack Obama después –aplicando inercialmente la política de su predecesor.
“No es solo mi criterio que el gobierno de EEUU ha creado tales disidentes empresariales. Es el criterio de la mayoría de analistas serios en EEUU que siguen la política con Cuba”, asegura Armstrong. Recordamos, a propósito, el cable de 2009 al Departamento de Estado, divulgado por Wikileaks, en el que Jonathan Farrar, jefe diplomático estadounidense en La Habana, calificó a los “disidentes” como individuos con grandes egos, sin arraigo social y excesivamente preocupados por conseguir dinero.
Pero antes de profundizar en este punto, recomiendo hacer un poco de historia. La política “people to people” fue diseñada en la era Clinton. Los bushistas lo convirtieron en un programa para la “democracy promotion” (promoción de la democracia), lo que expresó, a juicio de Fulton Armstrong, falta de confianza en el pueblo estadounidense. “Ha sido uno de los programas más polémicos de la política de EEUU hacia Cuba y uno de los más contraproducentes”, coinciden los dos expertos.
Al igual que la “excepcionalidad”, el concepto de “promoción de la democracia” está arraigado en la cultura política de EE.UU., y es poco probable que se desvanezca como un objetivo establecido. Aunque el consenso sobre cuáles son los criterios para la “democracia” nunca ha existido, el deseo de promoverla refleja una percepción generalizada de que esta es mejor para la gobernabilidad interna de los países, la estabilidad regional y los intereses de Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos creó la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y sus cuatro unidades constituyentes en 1983 y le dio presupuestos generosos para la “promoción de la democracia”. Estas organizaciones y sus programas se han vuelto tan a prueba de balas que la NED se presentaba como una organización “a la vanguardia de las luchas democráticas de todo el mundo”, y en general, recibió poco escrutinio desde el Congreso o los medios de comunicación.
Bajo este paraguas, la “promoción de la democracia” se convirtió en el elemento central de la política EEUU hacia Cuba desde la década del 90 del siglo pasado.  Fulton recuerda que antes de esa fecha, la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana distribuyó miles de libros con una amplia gama de temas, incluyendo asuntos políticos, economía, finanzas, gestión, marketing, historia… La Sección de Intereses también circuló sin trabas, entre medios de comunicación e investigadores, artículos con frecuencia críticos de los periódicos más importantes de Estados Unidos.   Apoyó reuniones de académicos con homólogos cubanos y recepciones organizadas y discusiones informales con asistencia de decenas de cubanos. “Todo eso se hizo con plata limpia, aceptada por el gobierno cubano”, recuerda .
Pero con la Ley Helms Burton en acción, aprobada por la administración Clinton en 1996, se inauguró la era de la “promoción de la democracia” de modo más agresivo. La Sección 109 de la Ley autorizó al Presidente “a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a los individuos y las organizaciones no gubernamentales independientes a favor de los esfuerzos de democratización para Cuba”.

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Clinton, sin embargo, utilizó solo unos 5 millones de ese fondo, que invirtió en estudios sobre Cuba dentro de EEUU. Pero los bushistas utilizaron la misma Ley para operaciones clandestinas y encubiertas, sin fiscalización alguna. Todo el proyecto, con sus 20 millones de dólares anuales, ha sido destinado a este tipo de operaciones, violando la ley, que exige la autorización explícita del Presidente.
“No hay responsabilidad, no hay contabilidad. Nadie tiene que rendir cuentas. Y la USAID lo que hizo con estos fondos fue crear una industria para empresas privadas, cuyos archivos no están abiertos –supuestamente bajo el amparo de la Helms Burton-, y en los que al final la operación en sí misma es diseñada por el contratista que a veces no es advertido de que en Cuba lo que él va a hacer es ilegal”, añade Armstrong. “ Mi impresión es que hubo improvisación, sin un plan, sin disciplina”, apunta Geoff Thale.

Programas clandestinos y encubiertos


Mientras Clinton gastó cantidades simbólicas en las iniciativas relacionadas con la futura “transición de Cuba”, la Administración Bush aumentó dramáticamente la apuesta. Los funcionarios abrieron el grifo del dinero. Desde entonces estos programas han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 250 millones de dólares. Cortaron el flujo de información para las personas con vínculos con el gobierno cubano y se concentraron en los opositores o en personas consideradas como potenciales opositores, ciertos religiosos, fanáticos de la música y jóvenes descontentos, activistas de la diversidad sexual, blogueros e incluso niños.
El Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se han negado sistemáticamente a discutir las operaciones que han patrocinado. Rechazaron las solicitudes de información, incluso aquellas procedentes del Congreso. La mayoría de los programas han sido clandestinos (utilizan métodos secretos) y encubiertos (ocultan los objetivos y la política de financiación de Estados Unidos). La detención, condena y encarcelamiento del subcontratista de la USAID, Alan Gross, arrojó luz sobre esas operaciones.  La operación de Gross fue clandestina y encubierta, confirma Armstrong.
Como descubrieron los periodistas de la AP durante la investigación del ZunZuneo, tanto la administración de Bush como la de Obama mantuvieron un bloqueo casi total de la información de las operaciones políticas contra el gobierno cubano. Cuba no es, obviamente, el único país en el que la USAID y Departamento de Estado emplean las operaciones clandestinas y encubiertas –recuerda Armstrong-, pero un análisis comparativo muestra que es única en el rango, la audacia y el alto precio de las operaciones llevadas a cabo para impulsar tales programas.
La inversión ha producido algunos éxitos –lograron operar la red Zunzuneo por dos años-, pero la contribución hacia el objetivo declarado de promover la democracia ha sido insignificante y, en algunos aspectos importantes, contraproducente.  Una parte de esos fondos se utilizaron incluso para atacar al cardenal católico Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana. “Algo inaudito”, recuerda Armstrong.

Consecuencias de estos programas


Los contribuyentes estadounidenses han malgastado millones de dólares. Han pagado por “bibliotecas independientes” que no existen. Las relaciones auténticas “pueblo a pueblo” y los intercambios legales  entre estadounidenses y cubanos sin subsidios del gobierno, también han sido contaminados de modo que los cubanos de a pie se resisten a los intercambios con organizaciones, por la sospecha de que podrían involucrarse en los esfuerzos de cambio de régimen de Washington.
La credibilidad de la promoción de la democracia misma sufrió cuando los programas destinados a enseñar a las personas a exigir transparencia y responsabilidad en Cuba carecían de rendición de cuentas, transparencia y supervisión en Washington. A pesar de estas deficiencias, los programas para la “promoción de la democracia” y la burocracia que los rodea, parecen invulnerables. “En Washington, los programas bien financiados son más difíciles de cambiar que las políticas, debido a que las personas que reciben los fondos vociferan a favor de ellos y no están obligados a demostrar resultados”, confirma Armstrong.
En nombre de Obama, el Departamento de Estado y la USAID se han comprometido a continuar con los programas de promoción de la democracia dirigidas a Cuba y volvieron a pedir millones de dólares para este año fiscal, lo cual parece contradictorio con la nueva política destinada a avanzar hacia la normalización.

¿Qué podría hacer Obama?


Este tipo de programas depende de dos acciones: La autorización –que es potestad del Ejecutivo- y la asignación –a cargo del Congreso-. Son dos grupos diferentes los que intervienen. En este tipo de programa, desde Bush hasta hoy, ha tenido más importancia la asignación (quienes operan el programa y los presupuestos), que la autorización a utilizar tales presupuestos.
Pero la Oficina de Administración y Presupuesto (en inglés: Office of Management and Budget o OMB) del Presidente, es la que realmente decide qué curso toma el presupuesto para un programa. Esta es la oficina más grande de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos (EOP). En otras palabras, antes de llegar al Congreso, esta oficina puede cortar los flujos o decidir cómo gastar el dinero que establece la Ley Helms Burton.
Los programas del cambio de régimen en Cuba – diseñados para identificar, organizar, capacitar y movilizar a los cubanos para que exijan cambios políticos– tienen un patrimonio especialmente problemático, incluyendo malversación, mala gestión y politización sistémica.  Lo prueba el caso de Caleb McCarry, que en el 2005 fue designado por Bush como “coordinador para la transición en Cuba” y en ese cargo, aprobó el otorgamiento de 6,5 millones de dólares del dinero de la USAID a una firma contratista, Creative Associates International. En el 2008, dos meses después de abandonar su puesto de funcionario,  Mc Carry fue a su vez “contratado” por esta firma como “Director de Comunicaciones”.
“Creo que hay que vaciar los programas de ‘promoción para la democracia”, concluye Armstrong. Ningún gobierno que se precie daría la bienvenida a los programas destinados expresamente a derrocarlo. Por razones políticas, la administración de George W. Bush citó la Sección Helms-Burton 109 como autoridad legal para la financiación de sus programas agresivos. Pero EE.UU. lleva a cabo programas para apoyar el buen gobierno en muchos países, incluso aliados como México y Colombia, bajo la autoridad de otras leyes y con un tono más colegiado. Un criterio clave para las operaciones de ayuda en Cuba debería ser similar al que se utiliza para otros países con los que los EE.UU. tiene relaciones diplomáticas y con las cuales está tratando de mejorar sus relaciones.
Obama debería restaurar y ampliar lo que funcionó en el pasado.  Descontaminar los programas de democracia. Organizaciones legítimas de la sociedad civil de Estados Unidos podrían forjar lazos con sus homólogos cubanos. Ellos, generalmente, conocen mejor que el gobierno lo que los cubanos necesitan para construir un futuro mejor. Por ejemplo, los bibliotecarios estadounidenses pueden pedir a sus homólogos cubanos listas de libros necesarios y, con una subvención de EE.UU., comprarlos, de modo que los jóvenes cubanos puedan obtener la información que necesitan. Podría, también, admitir que Cuba está cambiando. El proceso de descentralización y autosuficiencia de las instituciones cubanas es mucho mayor y propician mayores espacios para la colaboración.
Fulton considera que habría que exigir la transparencia de esos programas. La Ley de Autorización de Inteligencia de 1991 modificó la Ley de Seguridad Nacional para exigir que el Presidente firme un “finding” (“decisión”) –proceso para la aprobación clasificada- de cualquier “actividad o actividades del Gobierno de los Estados Unidos que influya en las condiciones políticas, económicas o militares en el extranjero, donde se pretende que el papel del Gobierno de los Estados Unidos no será aparente o reconocido públicamente”, y esto es válido no sólo por las agencias de inteligencia, sino para todos los “departamentos, agencias o entidades del gobierno de Estados Unidos”.
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Si la Administración opta por mantener las operaciones de promoción de la democracia de manera clandestina y encubierta, se debe respetar esa ley que requiere de la firma del Presidente Obama. Como mínimo, el Consejo Nacional de Seguridad debe coordinar un proceso para la aprobación de las operaciones y asegurarse de que no entren en conflicto con el trabajo de otros departamentos y organismos que se ocupan de Cuba.
Si el Departamento de Estado va a animar a los pequeños empresarios para llevar a cabo una acción política, por ejemplo, los funcionarios del Departamento de Comercio que están tratando de ayudar a los empresarios estadounidenses a comerciar con los cubanos deben ser informados y preguntarles si están o no de acuerdo con ese procedimiento. “Habría que alinear el programa de promoción de la democracia con las prioridades del Presidente”, explica Armstrong.
Por último, si hay un área en la que la política de Washington debe practicar lo que predica, es en la promoción de la democracia. Utilizar extranjeros para llevar a cabo operaciones secretas, distribuir equipos satelitales, entregar dinero en efectivo para la acción política y la formación de las personas para organizarlas políticamente, no sería aceptable en EEUU y no lo es tampoco en Cuba.

La demora de Obama


La conversación gravita hacia el 17 de diciembre de 2014, cuando los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron simultáneamente la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas rotas por Estados Unidos más de medio siglo antes.
Los expertos consideran que Obama comenzó su presidencia con la reanudación de las relaciones en su agenda, pero en el primer año de su mandato, el golpe en Honduras paró en seco la política obamista para la Isla. En esa época, la burocracia era muy resistente al cambio.
Los asesores recomendaron no avanzar en esas condiciones.  Hillary tampoco quería involucrarse. Luego, durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, en abril de 2012 (en su cuarto año de mandato), Obama se da cuenta de que la política hacia la Isla y la del enfrentamiento al narcotráfico, habían aislado a Estados Unidos en la región.  El Presidente se sorprendió con las críticas en bloque de los Presidentes latinoamericanos y caribeños. No estaba informado de la realidad, ni tenía un plan de acción. Hillary comenzó a comportarse de manera más cuidadosa y Arturo Valenzuela –ex Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental-, recomendó retomar la política “pueblo a pueblo”.
Entonces llega a la Casa Blanca Ricardo Zúñiga, un hombre que conoce perfectamente a Cuba. Trabajó en la Oficina de Intereses de La Habana como diplomático. Para Armstrong, Ben Rhodes es el genio político de esta estrategia, pero el genio intelectual ha sido Ricardo Zúñiga. En el Congreso había un grupo pequeño con una disposición favorable al cambio de la política, cuyo apoyo fue importante en ese momento. Pero el giro definitivo se produce cuando Hillary Clinton, que ya se preparaba para la campaña electoral, publicó su libro Hard Choices, donde se pronunció a favor del cambio y del levantamiento del bloqueo. Un mes después, el diálogo con los obamistas había cambiado.  La posición de Hillary, cuyo alcance futuro era incuestionable, dio “luz verde” a la nueva política para Cuba.

Las sanciones


Pero el bloqueo está ahí y las sanciones persisten. Hablamos de un ejemplo concreto: la persecución internacional por el uso del dólar en las transacciones cubanas. “Esa es una interpretación extremista de los reglamentos”, afirma Thale. El Departamento del Tesoro puede ordenar que eso cambie, y hay precedente.  Se hizo con Irán, que puede utilizar el dólar en ciertas transacciones, sin multas.
Obama podría autorizar el uso del dólar en las transacciones internacionales de Cuba  y consentir que estas se realicen a través del sistema bancario norteamericano y posibilitar a entidades cubanas (bancos, empresas, etc.) abrir cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Además, asegurar a los bancos extranjeros que no serían perseguidos por operar con Cuba. Sin embargo, sobre tales posibilidades no se expresan ahora los Departamentos de Comercio y del Tesoro estadounidenses.
El Presidente Obama podría crear una licencia general que autorice el uso del dólar en las transacciones con Cuba para todas las instituciones financieras estadounidenses. Sin un cambio de esa envergadura muchas de las nuevas dinámicas se quedan cortas, y bajo la espada de Damocles de una sanción no prevista.
Los cambios legales –dice Thale- requieren de un espaldarazo político que altere la inercia de los funcionarios, empresarios y consejeros legales corporativos todavía paralizados en la premisa de denegación de comercio, como piedra angular de la política hacia Cuba, antes del 17 de Diciembre. Es allí donde la visita del Presidente Obama a Cuba puede marcar una diferencia sustancial, reconoce.
“Obama tiene mucho espacio legal para cambiar los reglamentos. No hay dudas. Tiene suficiente autoridad legal, incluida la posibilidad de impedir que se sigan multando a los bancos”, asegura Armstrong. Ha sido dañino para Cuba y para nosotros (EEUU) la interpretación de los reglamentos, añade. Hay que cambiarlos para facilitar los intercambios entre empresas privadas y empresas estatales, pero ir más allá incluso.  Es ridículo circunscribirlo al sector privado dentro de EEUU.
“Es un insulto no permitir las importaciones. Tiene que haber una apertura para el comercio bilateral, en ambas vías”, dice Fulton Arsmtrong. “Saldría bonito si el gobierno anuncia antes del 21 de marzo que se permiten algunas importaciones cubanas. Sería histórico si hay algún tipo de anuncio concreto. Por ejemplo, abrir la puerta a importaciones desde Cuba. Eso sí sería histórico”, concluye.
Thale cree que se pueden concretar acuerdos en el área de salud global, en el ámbito de investigaciones de la salud, más avances en materia de seguridad –se acaban de reunir sobre temas de Ciberseguridad, el narcotráfico, el tráfico humano. Hay intereses concretos de ambos países. Habla de la necesidad de  avanzar en la apertura que permita acuerdos comerciales entre empresas privadas de EEUU y empresas cubanas, y para ello se necesita cambios en las regulaciones específicas.

El viaje a Cuba no es para teatro


Normalmente los Presidentes en ninguna parte hacen un viaje a otra nación para el teatro. Hay que dar demasiados pasos, intensas negociaciones. Y en este caso, está en juego el legado de ambos presidentes, coinciden.
“No somos hermanos, pero somos primos: tenemos mucha historia conjunta, una cultura –la música, la literatura, las artes…- con raíces comunes. Creo que (ambos presidentes) intentarán levantar algún puente que no se pueda o sea muy difícil romper.  No es solo un momento para la foto de estos dos hombres en La Habana. Los lazos en el comercio van a durar y ojalá, algún compromiso relacionado con la base naval de Guantánamo, se produzca. Sería una señal estupenda. Y ojalá también se mantenga el mecanismo de diálogo privado. Ojalá el gobierno (de EEUU) se dé cuenta de que la retórica de la “promoción de la democracia” no es el camino y se refuerce el discurso de los hechos concretos más recientes que puede reconocerle EEUU a Cuba:  por ejemplo, el logro en la negociación con las FARC, que es indiscutiblemente un éxito de Cuba”, sugiere Arsmtrong.
Aprovecho en este punto para preguntarle a Armstrong cómo ha forjado su mirada sobre Cuba: “Me gusta ser testigo de la Historia. Mi sueño es poder escribir un libro sobre la Isla, contar que el país se está rearmando, que se mueve hacia el siglo XXI, mientras EEUU parece está involucionando hacia el siglo XIX –basta mirar la actual campaña presidencial. El cubano está meditando sobre su futuro.”
Admite que no lo sorprende que la reanudación de las relaciones entre EEUU y Cuba se produce con los líderes históricos de la Revolución: “Sí, con Fidel y con Raúl. Quien conozca la historia de estos últimos 50 años reconocerá que ellos han sido capaces de conducir grandes cambios y transformaciones en Cuba. Lo hicieron más de una vez y siempre estuvieron abiertos a un diálogo y a una relación con Estados Unidos. Por supuesto, hasta ahora prevaleció la tendencia que concebía a estos líderes como actores no razonables. Pero eso fue una manipulación. Yo creo que están comprometidos con la idea socialista que construyeron y dispuestos a impedir que esta época se vaya sin ningún logro”.
Ambos expertos esperan que la visita de Barack Obama a La Habana, el 21 y 22 de marzo, conduzca a un acuerdo de futuro. Hasta ahora Estados Unidos se ha concentrado en superar el legado de la Guerra Fría. “Pero es hora de avanzar al Siglo XXI”, concluye Armstrong.

Conversando con…

Fulton Armstrong

Es investigador del Center for Latin American & Latino Studies, de American University.  Ha sido experto principal en asuntos de América Latina desde hace casi 30 años en varias posiciones del gobierno de Estados Unidos. Se desempeñó como miembro del personal profesional de alto nivel responsable para América Latina en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, entre julio de 2008 y octubre de 2011, en la que también trabajó en estrecha colaboración con el equipo de investigaciones del Comité. Antes de eso, trabajó en la Casa Blanca. Entre otros cargos de alto nivel, fue también coordinador de Inteligencia Nacional para América Latina – el analista de más alto rango de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. – en el período 2000-2004, y durante seis meses fue jefe de personal del Crime and Narcotics Center. Sirvió durante dos términos como Director de Asuntos Interamericanos, en el Consejo Nacional de Seguridad (1995-97 y 1998-99). De 1980 a 1984 trabajó para el representante Jim Leach (R-Iowa). Ha pasado 12 años estudiando y trabajando en Europa, Asia y América Latina. Habla español y chino. 

Geoff Thale


Es el director de Programas en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización dedicada a la investigación e incidencia de los derechos humanos en las Américas. Sigue las tendencias hemisféricas, así como la política de EE.UU. hacia la región, y trabaja con personal de alto nivel a través de múltiples áreas de los programas de WOLA.
Thale supervisa el trabajo de WOLA en América Central, sobre derechos humanos, seguridad ciudadana y oportunidades económicas en la región, con un énfasis particular en El Salvador, Guatemala y Honduras. También dirige el Programa Cuba, que apoya la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y facilita el diálogo entre la sociedad cubana – académicos, líderes religiosos y otros – y sus contrapartes en Estados Unidos y en otros lugares. Comenzó el programa Cuba de WOLA a mediados de la década de 1990, y ha visitado la isla más de treinta veces. Thale ha organizado varias delegaciones del Congreso que  han visitado a Cuba, y ha publicado numerosos trabajos sobre asuntos de política interna de Cuba y de la política de EE.UU. hacia la Isla.

Fuente: Cubadebate

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