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miércoles, 2 de mayo de 2012

Otra del bloqueo de EEUU contra Cuba

El gobernador de La Florida, Rick Scott, dio un nuevo paso en el reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba al firmar una ley que prohíbe el acceso a fondos públicos a compañías con negocios en la isla.
La Ley 959 del sureño estado, que también afecta a Siria, fue auspiciada por el senador republicano René García, y los congresistas estatales Carlos López Cantera y Michael Bileca, de origen cubano.
Contaron asimismo con el apoyo de Mauricio Claver-Carone, director del Comité de Acción Política U.S.-Cuba Democracy.
La controversial medida fue aprobada por el Poder Legislativo de La Florida con un apoyo prácticamente unánime, reportó el diario Tampa Bay Times.
El texto, que también establece medidas en previsión de la ruptura de contratos vigentes si con el tiempo se descubre que una compañía tiene operaciones comerciales con ambos países, entrará en vigor el 1 de julio próximo.
No obstante, la iniciativa ha recibido numerosas críticas de los dos principales socios comerciales del estado, Brasil y Canadá, que alertaron que la nueva ley puede ahuyentar la inversión extranjera en ese territorio estadounidense.
La Cámara de Comercio de Florida, que la semana anterior aprobó una resolución instando al gobernador a vetar la legislación, la calificó de inconstitucional, precisó la publicación.
La rúbrica es vista como un gesto de Scott hacia electores cubanoamericanos, un codiciado grupo en un estado calificado de crucial para los comicios presidenciales de noviembre próximo.
Pescando votos de la comunidad cubanoamericana de línea dura de Miami, los patriotas de sillón continúan poniendo a La Florida en el lado equivocado de la historia, destacó un editorial del diario a fines de marzo pasado, en el cual instó al gobernador Scott a vetar la propuesta.
La iniciativa pretende frenar una corriente creciente de líderes políticos y empresariales que promueven la normalización del comercio y los viajes a Cuba, especialmente a través de la puerta de entrada del llamado estado del Sol, apuntó el rotativo.
Recientemente, los congresistas federales republicanos por La Florida Mario Díaz Balart y David Rivera amenazaron a los empresarios estadounidenses que mantienen vínculos comerciales con la isla, ante una eventual mejoría de los vínculos comerciales.
Díaz-Balart señaló que los negocios que algunos estadounidenses están haciendo en Cuba tarde o temprano acarrearán consecuencias y "podrían tener carácter legal", refiriéndose a la aplicación de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), diseñadas para sancionar cualquier intento de intercambio.
Esas legislaciones han costado a la isla caribeña más de 975 mil millones de dólares y constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas del Derecho Internacional.

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